Este mes se materializa una nueva etapa en la implementación de la Ley de 40 horas en Chile, avanzando en la reducción progresiva de la jornada laboral. En este contexto, la jornada se ajusta a 42 horas semanales, conforme al calendario establecido, que culminará en 2028 con una jornada de 40 horas.
Si bien el cronograma se mantiene, la autoridad ha anunciado ajustes orientados a flexibilizar su aplicación y reducir ambigüedades, especialmente en aspectos como el cálculo y la distribución de la jornada. Estos cambios buscan facilitar su implementación, pero al mismo tiempo han abierto nuevas interrogantes para las empresas.
En la práctica, la reducción de la jornada sigue generando dudas relevantes: cómo distribuir correctamente las horas de trabajo, qué trabajadores quedan excluidos y cuáles son los riesgos asociados a una implementación incorrecta. En este último punto, es importante considerar que no todos los trabajadores acceden automáticamente a este beneficio. Quedan fuera, por ejemplo, quienes ejercen cargos de alta dirección o confianza, quienes trabajan sin fiscalización superior y aquellos que no se rigen por el Código del Trabajo, como trabajadores a honorarios o funcionarios públicos.
Más allá del ajuste horario, este cambio normativo exige a las empresas revisar en detalle sus estructuras laborales, contratos y políticas internas. Una implementación deficiente puede derivar en fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, multas administrativas, denuncias de trabajadores e incluso demandas laborales, incluyendo el pago de horas extraordinarias adeudadas y sus respectivos recargos.
Anticiparse y abordar correctamente estos cambios resulta clave para evitar contingencias y costos innecesarios, asegurando una transición adecuada hacia el nuevo régimen de jornada laboral.
