Las solicitudes de nuevos estudios en plazos breves para revisar y corregir la situación, según el jefe del área tributaria de Araya & Cía. Abogados, Boris Ureta, “desincentiva continuar con el proceso de reclamo” y coarta el derecho a defensa.
La intervención del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, durante el seminario «¿Cómo viene la temporada 2025-2026?», endureció el tono del rubro sobre las alzas desproporcionadas en contribuciones a causa del “poco transparente” cálculo de reavalúo agrícola, como califica la firma de abogados Araya & Cía.
«No hay transparencia ni fundamentación en los criterios utilizados para determinar la base de cálculo del avalúo fiscal», señala el experto tributario agrícola de la oficina, Boris Ureta, quien apunta al proceso por vulnerar garantías básicas de los contribuyentes.
De acuerdo a Araya & Cía. Abogados, uno de los puntos más controvertidos es la respuesta a los reclamos por el cálculo que ha generado alzas absolutamente desproporcionadas. Según Ureta, a los afectados se les exige presentar estudios adicionales para impugnar el reavalúo, lo que supone costos significativos.
“El SII responde solicitando nuevos estudios que se deben presentar en un breve plazo y que son costosos para el contribuyente, a pesar de que es obligación del servicio calcular este impuesto”, sostuvo Ureta. Agregó que esta práctica “desincentiva continuar con el proceso de reclamo” y coarta el derecho a defensa.
Los antecedentes históricos muestran una tendencia constante en la baja tasa de reclamos: en 2018, hubo 1.485 sobre 6.651.073 predios no agrícolas (0,02%), cifra que se repitió en 2022 con 1.370 reclamos sobre 7.488.328 predios. En el caso agrícola, los reclamos se mantuvieron en 0,01% en 2020 y 2024. Estas cifras han sido utilizadas por el SII para reforzar la idea de un sistema robusto, aunque no hay datos públicos sobre la evolución del valor promedio del impuesto territorial por región.
Cuestionamientos
La metodología utilizada por Servicio de Impuestos Interno (SII) para determinar el impuesto territorial en predios agrícolas y no agrícolas fue cuestionada por parlamentarios de oposición y abogados tributaristas, quienes denunciaron falta de fundamentación y obstáculos disuasivos para interponer reclamos. Aquello, tras la exposición del SII ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El SII realiza reavalúos cada cuatro años para predios agrícolas y no agrícolas, y anualmente para sitios no edificados. En 2024, se reavaluaron 990.951 predios agrícolas, con solo 68 reclamos registrados, lo que equivale al 0,01% del total. Según el director del SII, Javier Etcheberry, estos datos reflejan eficiencia del sistema, aunque no se entregaron detalles sobre la distribución territorial ni el contenido de las observaciones presentadas por los contribuyentes.
La metodología del SII se basa en valores unitarios definidos por zonas homogéneas de terreno y en parámetros de construcción determinados en un estudio elaborado por la Pontificia Universidad Católica. El avalúo fiscal resultante determina el impuesto territorial, cuya contribución no puede exceder el 10% del valor anterior del predio, conforme a la normativa vigente. Sin embargo, no hay datos públicos sobre cómo se seleccionan las zonas homogéneas ni sobre la ponderación específica de los factores en cada caso.
