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Araya & Cía presenta reclamación ante Primer Tribunal Ambiental por proyecto Caserones

17 de Marzo 2021

El recurso fue interpuesto por el abogado Sebastián Leiva Astorga, socio de la firma, en representación de gremios agricultores de Copiapó y de las Comunidades de Aguas Subterráneas (1, 2 y 3). Dicha acción busca que se deje sin efecto la resolución que aprueba el programa de cumplimiento de la faena.

Tras 18 infracciones a los compromisos en la evaluación ambiental efectuada al proyecto Caserones de la minera Lumina Copper, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó el programa de cumplimiento (PdC) de esta faena en la Región de Atacama. Luego de este hecho, Araya & Cía. Abogados, en representación de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó y las Comunidades de Aguas Subterráneas de la zona, presentó al Primer Tribunal Ambiental (1TA) un recurso de reclamación para revocar dicha decisión.

El recurso fue interpuesto por el abogado Sebastián Leiva, jefe de la unidad de Recursos Naturales y socio de Araya & Cía. Abogados, y fue admitido a trámite por el tribunal competente. “La SMA aprueba este PdC, pero sigue respecto de otros dos cargos infraccionales para aplicar una sanción pecuniaria severa. Sin embargo, nosotros presentamos una reclamación a efectos que se deje sin validez esta resolución que aprueba el PdC del proyecto Caserones, toda vez que aquel no garantiza la no afectación al medioambiente y en especial al recurso hídrico de la zona”, mencionó el reclamante tras conocer la decisión.

Uno de los incumplimientos del proyecto Caserones se refiere al uso de pozos sin la autorización de la Dirección General de Aguas (DGA) en las operaciones del depósito de Lamas, en la quebrada La Brea; y en el depósito de Arenas, en la quebrada Caserones. El acuífero corresponde a la cuenca del río Ramadilla y, según los agricultores, alcanzaría al río Copiapó. “La fiscalización fue un proceso, a nuestro juicio, extremadamente lento. La autoridad se demoró cuatro años en dar la primera resolución importante en este caso”, dice el socio de Araya & Cía.

También, se levantaron cargos por la omisión de dar aviso a la autoridad competente y ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos. Estos principalmente consistieron en la alteración química en la calidad de las aguas del acuífero. “Ellos quieren operar por fuera de su Resolución de Calificación Ambiental, y para resolver lo anterior están presentando un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, que busca que se les autorice a funcionar como lo hacen ahora, pero con un halo de legalidad”, explica Leiva.

Una de las quejas que establece el documento presentado al tribunal es que, para el grupo de agricultores, el PdC aprobado por la institución encargada de fiscalizar “no da cuenta de acciones que permitan asegurar que no se van a seguir incurriendo en aspectos perjudiciales al medioambiente, especialmente sobre el recurso hídrico”, expone el documento. El siguiente paso para el tribunal es esperar la contestación de la SMA, requerir los informes correspondientes a este caso y citar a una próxima audiencia de alegatos donde las partes podrán fundamentar los puntos de esta controversia.