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Consideraciones generales sobre procedimiento de liquidación forzosa regulado en la Ley N°20.720

12 de Marzo 2020

Artículo por Nicolás Monge, Abogado de Comercio Internacional de Araya & Cia

Los diversos eventos o acontecimientos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor que se han presentado durante los últimos cuatro meses tanto a nivel interno como externo (ej. Brote de COVID-19, conmoción civil, motines, huelgas, entre otros) han ocasionado un impacto económico tremendamente negativo en el natural desenvolvimiento y comportamiento de nuestro mercado nacional, así como en el flujo de los intercambios y transacciones comerciales en el plano internacional.

Así, esta alicaída realidad que exhibe actualmente la economía nacional e internacional ha afectado y podría llegar a afectar en forma sustancial los flujos de caja y los estados financieros de un sinnúmero de empresas que participan en diversas áreas de la economía, ya sea como productores o fabricantes, manufactureros, industriales, exportadores, intermediarios, etc.

La situación aludida anteriormente incluso ha provocado y podría seguir provocando que ciertos actores del mercado se encuentren imposibilitados de cumplir con sus obligaciones contractuales, cesando en el pago de las mismas, interrumpiendo la cadena de pagos y, por ende, la circulación de la riqueza.

De esta forma, considerando el escenario económico actual, cabe preguntarse cuáles serían los mecanismos de tutela del crédito o, en otros términos, los derechos auxiliares del acreedor que podrían ejercerse en caso de que una de las partes de un contrato (persona jurídica) sea sometida a un procedimiento de liquidación forzosa regulado en la Ley N°20.720.

Para tales efectos, corresponde distinguir entre (i) los efectos generales de la resolución que declara la liquidación de una empresa deudora en cuanto a los créditos; y, (ii) los efectos de la resolución de liquidación de una empresa deudora respecto de los remedios contractuales del acreedor.

En cuanto a los efectos generales de la resolución que declara la liquidación de una empresa deudora, es menester señalar que el artículo 134 de la Ley N°20.720 establece que una vez pronunciada la resolución de liquidación se fijan de manera irrevocable los derechos de los acreedores (“Fijación de los derechos de los acreedores”). De esa manera, la resolución de liquidación faculta al acreedor a intervenir en el procedimiento concursal de liquidación en contra de la empresa deudora.

A su turno, el artículo 135 de la Ley N°20.720 establece que la resolución de liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente a la empresa deudora sometida a un procedimiento de liquidación concursal, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los acreedores hipotecarios y prendarios (“Suspensión de las ejecuciones individuales”).

Por su parte, el artículo 136 de la Ley N°20.720 señala que una vez pronunciada la resolución que declara la liquidación de una empresa deudora, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles, de manera que los acreedores puedan verificar sus créditos respectivos en el procedimiento concursal de liquidación. Dichos créditos se pagarán debidamente reajustados y con los intereses que correspondan (“Exigibilidad y reajustabilidad de las obligaciones”).

Asimismo, el artículo 140 de la Ley N°20.720 establece que la dictación de la resolución de liquidación forzosa prohíbe toda compensación que no hubiese operado antes por el ministerio de la ley respecto de obligaciones recíprocas entre la empresa deudora y sus acreedores, salvo la causal de obligaciones conexas que emanen de un mismo contrato o negociación, aunque sean exigibles en diferentes plazos.

Ahora, en lo concerniente a los efectos de la resolución que declara la liquidación de una empresa deudora y los remedios contractuales del acreedor, es menester advertir que el principio general sobre esta materia es que la resolución aludida no implica la terminación de pleno derecho de aquellos contratos cuyo cumplimiento se encuentre pendiente, con excepción de los casos en que el legislador ha establecido precisamente lo contrario (ej. contrato de trabajo, contrato de mandato, cuenta corriente mercantil, entre otros).

En esa línea, el estatuto normativo que regula el procedimiento de liquidación forzosa de la empresa deudora no prohíbe a las partes contratantes convenir que la resolución que declare la liquidación forzosa de una de ellas (o de ambas) configure una causal de terminación inmediata del respectivo contrato cuya ejecución se encuentre pendiente o, en su caso, pactar la terminación unilateral del contrato por motivo de la declaración de liquidación forzosa de una empresa deudora.

Lo expuesto anteriormente es radicalmente diferente a lo consagrado en el procedimiento de reorganización concursal, en donde dichas cláusulas se encuentran proscritas por el legislador. Por lo mismo, la inserción por las partes de ciertas cláusulas de terminación inmediata del contrato en caso de que se decrete la liquidación forzosa de una de ella resulta de suma utilidad y conveniencia práctica, siempre y cuando éstas regulen detalladamente los efectos contractuales de dicha terminación, los remedios contractuales que posteriormente asistirían a la parte acreedora y que no se vulneren los casos en que el legislador prohibió la incorporación de este tipo de cláusulas (ej. leasing).