Eng English version
Menu

El Cambio de la Corte Suprema sobre las Patentes Municipales

29 de Octubre 2019

La Excelentísima Corte Suprema, en fallo dividido, acogió los argumentos esgrimidos por una sociedad de inversiones para eximirse de pagar patente municipal, lo que constituye un importante cambio de criterio del máximo tribunal.
Entre otros argumentos, la Corte sostuvo que “la actividad realizada por las sociedades cuyo giro son las inversiones pasivos, no constituye ni configura el hecho gravado que contempla el artículo 23 del Decreto Ley N° 3063 de 1979, situación confirmada por la modificación introducida por la Ley N°20.033 ya referida”.


Con este fallo se da nuevamente un importante giro en el tema de pago de patentes municipales por las sociedades de inversión, ya que a partir del año 2010 la Corte Suprema había sido consistente en fallar a favor de las Municipalidades, quienes sostenían que dichas sociedades sí debían pagar el referido tributo, pese a que las actividades que realizan las sociedades de inversión no se encuentran dentro de aquellas que deban pagar patente municipal de acuerdo con la Ley sobre Rentas Municipales.


La resolución abre la posibilidad de revisar las patentes que actualmente poseen las sociedades de inversión pasiva y los pagos que deban realizar a las municipalidades, con un nuevo argumento, esto es, la nulidad de la obligación de pagar por ser una sociedad de inversión pasiva, que solo tiene fines rentísticos, ya que la Corte Suprema cambió su opinión acerca de la teoría sobre tributación local de sociedades de este tipo de sociedades.
Este cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema se produce en la sentencia de casación del juicio ejecutivo de cobranza que inició la Municipalidad de Lo Barnechea en contra de la Sociedad Los Peumos que estableció la nulidad de la obligación de pagar patente respecto de la sociedad de inversión pasiva, ya que es “una actividad que no se encuentra contemplada en el referido artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, por lo que el recurso de nulidad deber ser acogido”.


Esta sentencia fue emitida con dos votos en contra de ministros del más alto tribunal, que consideraron que el certificado que emite el funcionario municipal tiene pleno valor para ser cobrado judicialmente, sin embargo, el fallo viene a seguir la línea que desde el 2010 ha tomado la Contraloría General de la República, que cree que no le corresponde pagar este tributo a estas sociedades por no involucrar la producción de bienes ni la prestación de servicios. 


Las vías judiciales que puede tomar una sociedad que se encuentre en la situación de tener solo fines rentísticos, sin producir bienes ni prestar servicios, sea cual sea la naturaleza de la sociedad son alegar la prescripción de la deuda o pedir la rebaja del valor de la patente y con este fallo se suma alegar la nulidad de la obligación. La prescripción puede ser alegada activamente por la sociedad en un juicio ordinario o como excepción en un juicio ejecutivo, en consideración a que este tipo de tributos solo tienen plena vigencia durante 3 años. La rebaja del monto de la patente puede ser solicitada considerando que este tipo de sociedad carece de establecimientos o locales y a que la ley de Rentas Municipales calcula el pago en razón del capital, pero aquella parte que esta invertida en otras sociedades se puede restar del cálculo.


En definitiva este nuevo argumento permite sostener una nueva vía para accionar y aunaría concepciones en las autoridades administrativas y judiciales, solo si la Corte lo sigue manteniendo en futuros fallos que aumentarán la seguridad jurídica sobre este tema tan controversial y que está en constante movimiento.