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Luces y Sombras del Proyecto de Modernización Tributaria

04 de Febrero 2020

Luego de un año y medio de intensa discusión legislativa, el pasado 29 de enero el Congreso Nacional aprobó finalmente el Proyecto de Modernización Tributaria ingresado por el Gobierno, que introduce cambios significativos a nuestra legislación tributaria, el que, tras la revisión por parte del Tribunal Constitucional, quedó listo para convertirse en ley de la República.

A partir de su entrada vigencia, se establece un sistema único, parcialmente integrado, con una tasa de 27% del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), para todas aquellas empresas que registren un promedio de ingresos brutos anuales superiores a 75.000 UF, terminándose con la posibilidad de escoger entre distintos regímenes tributarios, que incorporó la Ley N°20.780.

Sin embargo, para estos contribuyentes se mantuvo la integración parcial entre el IDPC y los impuestos finales, lo que significa, que los socios o accionistas al momento del retiro o distribución de utilidades sólo podrán invocar como crédito en contra de sus impuestos finales: global complementario o adicional según sea el caso, el 65% del IDPC efectivamente pagado por la empresa. A excepción de aquellos contribuyentes residentes o domiciliados en países con lo que exista un Convenio para evitar la doble tributación, suscrito por Chile y que se encuentre vigente, quienes podrán utilizar el 100% del crédito por IDPC. Para aquellos países con los cuales existe un convenio suscrito por Chile, pero cuya ratificación se encuentra pendiente (Estados Unidos), este beneficio se extiende hasta el año 2026.

Con esto, sin duda se avanza en la simplificación del sistema, al terminar la coexistencia de distintos regímenes tributarios paralelos que dificultan la administración y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, lamentablemente se mantiene la discriminación existente entre la carga tributaria total que recae sobre las rentas provenientes de empresas nacionales, la que alcanza un máximo de 44,45%, y los impuestos que afectan a la inversión extranjera de países con lo que existen convenios para evitar la doble tributación, la cual llega solo a un 35%. Así como, la diferencia con la tributación de las rentas provenientes del trabajo asalariado o independiente, las que con la reforma, llegarán nuevamente a un impuesto máximo de un 40%.

Ahora bien, uno de los aspectos más destacados del Proyecto de Modernización Tributaria, es la incorporación de un nuevo “Régimen Pro-PYME”. En efecto, se deroga totalmente el artículo 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), y se incorpora un régimen de tributación nuevo con integración total para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que tengan ingresos brutos inferiores a 75.000 UF, es decir, que la totalidad del IDPC pagado por la PYME, el que además se estableció con una tasa rebajada de 25%, podrá ser usado como  crédito contra los impuestos finales de sus socios o accionistas, al momento del retiro efectivo utilidades, y no sobre base atribuida como ocurría anteriormente.

Adicionalmente, se contempla la opción para las PYMES de optar por un “Régimen especial de transparencia tributaria”, mediante el cual, quedan exentas del pago IDPC, siendo de cargo de los socios o accionistas el pago de impuestos por el total de la utilidad percibida, al momento de tributar con impuestos finales.

Por otro lado, la nueva ley contempla una serie de incentivos a la inversión que apuntan a la reactivación de la economía nacional, tales como la incorporación de un régimen de depreciación instantánea de 50% del valor de los activos fijos nuevos o importados, adquiridos entre 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, y el 50% restante en forma acelerada. Se considera también una depreciación instantánea para las PYMES, respecto de los bienes de capital adquiridos para el desarrollo de su giro, en el mismo ejercicio comercial en que fueron adquiridos, y un régimen especial de depreciación instantánea del 100% para proyectos desarrollados en la Región de La Araucanía. Además, se reduce de 6 a 2 meses el plazo para recibir la devolución de IVA, por las inversiones en activo fijo, establecida en el artículo 27 bis de la Ley del IVA.

Finalmente, la ley introduce novedades relevantes que vale la pena destacar, en materia de impuestos digitales, impuestos a los altos patrimonios inmobiliarios, y para la justicia tributaria.

Se establece un nuevo hecho gravado con IVA, que grava a los servicios de naturaleza digital como Netflix, Airbnb, Spotify y Uber Eats, prestados únicamente por empresas o personas no residentes o domiciliadas en Chile.

Se contempla una sobre tasa de Impuesto Territorial, para aquellos contribuyentes propietarios de bienes raíces cuyos avalúos fiscales considerados en conjunto, superen las 670 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos $400.000.000, que se aplica de manera progresiva desde un 0,075%, hasta un 0,15% cuando el avaluó es mayor a 1510 UTA.

Por último, se crea la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), para dar apoyo a PYMES y personas de bajos recursos, y representarlos en ciertas actuaciones ante el SII. Además, se establece la posibilidad de solicitar un avenimiento extrajudicial durante un procedimiento de reclamación, y se incorpora el recurso de casación en la forma en materia tributaria.

Rodrigo Araneda Callejas

Abogado Araya & Cía.